La reforma eléctrica de México revierte a una energía "más sucia"
La reforma eléctrica de México revierte a una energía "más sucia"
Por Juan Cortinas and Peter Schechter
Opportunitas Advisors | Marzo 2021
Este artículo se publicó originalmente en Brink News
Mientras que el mundo deja atrás a los combustibles fósiles y se acerca a las fuentes de energía renovables, el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está tomando un camino diferente.
Impulsado por el romanticismo de la nacionalización de la industria petrolera en México en la década de 1950 y lo que él llama “la necesidad de que México sea autosuficiente en energía”, AMLO se ha propuesto desentrañar la histórica reforma energética de 2013 del ex presidente Enrique Peña Nieto. La reforma liberalizó el sector energético del país para atraer una mayor inversión extranjera e impulsar proyectos enfocados en fuentes de energía renovable.
Pocos días después de asumir el cargo, AMLO suspendió la cuarta de una serie de subastas de energía limpia derivadas de la reforma energética de 2013. Luego, su administración buscó limitar la generación de energía renovable a través de una serie de decretos administrativos y el propio AMLO comenzó a acusar a las eléctricas de conseguir contratos con la administración anterior mediante actividades fraudulentas.
La nueva reforma eléctrica de México da marcha atrás en el reloj
El golpe de gracia llegó en forma de una nueva ley de electricidad que golpea el corazón de la reforma energética de 2013.
La ley recientemente aprobada desentraña las llamadas reglas de despacho de la reforma, que buscaban estimular la competencia de precios al otorgar prioridad de despacho a la energía de menor costo. Esto favoreció a las energías renovables, como la solar y la eólica, sobre la energía basada en combustibles fósiles, más sucia y cara. Todos ganaron: los mexicanos obtuvieron energía más barata y más limpia, y el país atrajo inversiones extranjeras en fuentes de energía renovable.
Y de hecho funcionó. México comenzó a experimentar un auge en la inversión en energía renovable desde que se promulgó la reforma energética. Las subastas de energía limpia realizadas entre 2016 y 2018 generaron casi $10 mil millones en nuevas inversiones y agregaron 8 GW en capacidad eólica y solar.
Pero esos días acabaron.
La reforma eléctrica de AMLO pone fin instantáneo a la preferencia de despacho y prioriza la generación de energía controlada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El portafolio energético de CFE está compuesto principalmente por generación hidroeléctrica y fuel-oil, que son fuentes de generación eléctrica más caras y sucias.
El aumento de los costos y el impacto en la economía serán significativos.
Según la Asociación Mexicana de Energía Eólica, cada megavatio-hora (MWh) generado bajo las ahora rechazadas subastas de suministro a largo plazo cuesta 650 pesos, versus 1,400 pesos ($ 31 versus $ 67) por cada MWh generado a través de las operaciones hidroeléctricas controladas por la CFE. La Asociación también predice que la ley congelará $11 millones en nuevas inversiones en energía renovable y costará 50,000 nuevos empleos.
Un coro único de oposición
Una cosa que puede que AMLO no haya predicho es el desajuste de voces que se unen para oponerse clamorosamente a la nueva ley de electricidad. La industria de la energía, abogados comerciales, empresarios, juristas, grupos de la sociedad civil y grupos ambientalistas se han sumado a la oposición.
Las empresas de energía y los inversores extranjeros se oponen a la forma en que la nueva ley cambia las reglas del juego después de que muchas empresas extranjeras hicieran grandes inversiones en fuentes de energía renovable en México. La Cámara de Comercio de Estados Unidos calificó la ley de «profundamente preocupante» y afirmó que «contraviene directamente los compromisos de México en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA)».
La cámara ha pedido a la administración estadounidense que actúe, y fue un tema de discusión en la reciente cumbre virtual entre ambos líderes.
El gobierno canadiense también expresó su preocupación «de que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica recientemente aprobada sea perjudicial para la inversión canadiense en energía renovable». Los analistas financieros han calificado la nueva ley de electricidad como una «expropiación indirecta de activos». Advierten que, a pesar de las batallas legales que se avecinan, “el daño ya está hecho” al crear una sensación de incertidumbre política en México.
Amenazando los compromisos de París de México
Como parte de su Contribución Nacional Determinada (NDC) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), México se había comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 22% y un 51% de sus emisiones de carbono negro para 2030.
Pero el Fondo Mundial para la Naturaleza dice que la reforma de AMLO violaría los compromisos nacionales e internacionales de cambio climático de México, mientras que el Consejo de Defensa de los Recursos Nacionales dice que la ley resultaría en “energía más sucia y más cara que amenazaría la salud de los ciudadanos mexicanos, dañaría nuestro clima, y perjudica a empresas y trabajadores «.
Varias empresas han demandado en los tribunales mexicanos para detener la promulgación de la reforma y lograron una suspensión permanente de su implementación. Sin perder tiempo, AMLO atacó al juez que preside, cuestionando sus motivos y ha señalado la intención de su gobierno de buscar una revocación de la decisión del tribunal inferior en la Corte Suprema de México.
Lo más inquietante es que AMLO amenazó con promulgar la ley mediante una reforma constitucional. El presidente no retrocede y es probable que use la ley como arma política contra su oposición, algo en lo que ha demostrado ser experto.
Implicaciones económicas perjudiciales
Las implicaciones económicas de la guerra energética de México son profundas y van más allá del sector energético. La reforma, independientemente de lo que decidan los tribunales, sigue un patrón preocupante de cambios en las reglas comerciales y de inversión.
La tendencia comenzó cuando, al asumir el cargo, AMLO canceló de manera abrupta la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ya estaba terminada en un tercio, lo que provocó conmoción entre los inversores.
México también está experimentando una expansión dramática de la intrusión de sus militares en el aparato económico del país. En conjunto, la dura retórica contra el sector privado que surge de la administración y la nueva influencia de los militares recuerdan las políticas de los caudillos populistas que han empañado el panorama político de América Latina durante décadas.
Todo esto no podría estar sucediendo en el peor momento.
La pandemia del COVID-19 ha golpeado duramente a México. Su economía se contrajo un 8,5% en 2020 y, aunque se espera que se recupere en 2021 con un crecimiento de alrededor del 4%, la confianza de los inversores sigue siendo baja y reina la incertidumbre. Una encuesta reciente del Bank of America encontró que los inversionistas ven las decisiones gubernamentales como el mayor factor de riesgo para la economía de México.
A pesar de los problemas económicos, la popularidad de AMLO sigue siendo alta, con una débil oposición política y sin nuevos rostros notables. Las elecciones legislativas federales y de gobernador de este año que se llevarán a cabo en junio parecen favorecer a MORENA, su partido político. Si las encuestas son correctas, AMLO se fortalecerá asegurando que su política económica, teñida de populismo y nacionalismo, continuará.
